Maduro quiere dialogar pero con piedras en las manos.

Amenaza con 25 años de cárcel «a quienes salgan a la calle a expresar intolerancia»
Nicolás Maduro participa en un acto de la Asamblea Constituyente - EFE

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó ayer a los países iberoamericanos que le han aislado a celebrar una cumbre para intentar sortear así el cinturón sanitario al que le someten por el giro autoritario de su régimen. Maduro pidió que se convoque de urgencia un cónclave «a puerta cerrada» de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe «para atender la denuncia de Venezuela ante el intervencionismo grosero y restituir las relaciones de dialogo», afirmó ante la Asamblea Constituyente. Unos términos que tampoco parecen muy convincentes para celebración de esa cumbre.

Maduro también quiere dialogar con el presidente norteamericano, Donald Trump, para entablar unas relaciones de «respeto». Y conminó así a su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza: «Inicie gestiones, canciller, para que yo tenga una conversación personal con Donald Trump, para tener una conversación telefónica con Donald Trump».

El presidente venezolano se mostró afectado por el golpe de las sanciones de Estados Unidos contra 32 altos cargos de su gobierno. Y admitió que su Gobierno está «amenazado» de bloqueo militar y financiero tras el acuerdo de repudio alcanzado por las principales democracias de Iberoamérica en la reunión de Lima, en la que acordaron no reconocer los actos de la Constituyente, con todas las consecuencias económicas que ello pudiera comportar. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos, Idriss Jazairy, no obstante, instó ayer a no imponer sanciones económicas directas porque éstas solo empeorarían el sufrimiento de los venezolanos.
Maduro incluso aseguró que dialogara con la oposición «por las buenas o por las malas». Pero la realidad es que día a día el régimen sigue estrechando el cerco a la disidencia y acentuando la represión. En este sentido, el líder chavista dio la orden a su Asamblea Constituyente de redactar una «ley anti odio» para castigar hasta con 25 años de prisión a quienes presuntamente impulsen la intolerancia «en la calle». Un enunciado que, de primeras, suena muy bien, pero que se teme que sea un nuevo instrumento para aplastar las protestas en su contra con penas desmedidas de cárcel.

Nuevas protestas

Maduro precisó: «Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Así lo propongo aquí en esta ley». Una orden que se dirige así directamente contra la oposición que celebra desde hace más de cuatro meses protestas antigubernamentales reclamando elecciones presidenciales anticipadas, la liberación de 620 presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional que vive bajo la amenaza de ser disuelta. Para hoy la oposición ha vuelto a convocar una manifestación masiva.

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