Víctimas y organizaciones civiles relatan la «persecución sistemática» del régimen de Maduro. La OEA escucha testimonios para constatar si Venezuela ha cometido «crímenes de lesa humanidad»

Denuncian en la OEA los «asesinatos, violaciones y torturas» en Venezuela

Johanna Aguirre (al fondo), activista de Derechos Humanos y viuda del activista José Alejandro Márquez Fagundez, habla durante una audiencia de la OEA - EFE

La sala de plenos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington se convirtió en auditorio para escuchar a organizaciones de Derechos Humanos y víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Por primera vez, los detallados informes leídos en anteriores sesiones tornaron en testimonios personales y directos, que tuvieron el momento más emotivo en Johanna Aguirre, esposa de José Alejandro Márquez, muerto tres días después de ser detenido por la Guardia Bolivariana.

Impulsada por el secretario general de la organización, Luis Almagro, y presidida por el que fuera fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, la serie de declaraciones que se abrió ayer, hasta el 15 de octubre, está encaminada a «constatar si hay bases suficientes para denunciar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad». Así fueron anunciadas las comparecencias por Almagro y así se refirió a ellas ayer el que fuera representante del ministerio público en la CPI, quien se encargará de verificar si en el país se ha producido «un uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, la tortura y la violación como métodos para aterrorizar a la población».

Los tres representantes de organizaciones de derechos humanos se mostraron convencidos de que el régimen venezolano ha actuado «de manera planificada contra su propio pueblo», incluso desde 2002, cuando tomó posesión Hugo Chávez. Aunque los intervinientes centraron sus denuncias en el periodo de Maduro, desde 2013 hasta la actualidad, la directora del Centro de Estudios de América Latina, Tamara Suju, aseguró que «todo el modelo represivo actual fue instaurado por Chávez». A su juicio, la diferencia fundamental entre un presidente y otro es que «se ha pasado de la tortura selectiva a la tortura sistemática». Centrada en los cinco años de presidencia de Maduro, Suju defendió la tesis de que su régimen había convertido la represión en «recurrente, masiva y perfectamente organizada». Lo que argumentó asegurando que «se han reorganizado todos los instrumentos del régimen, se han construido centros para torturar, se diferencia a quiénes y cómo torturar y existe un objetivo concreto para cada caso de torturas». La directora del Centro de Estudios apoyó su declaración en la denuncia que presentó recientemente contra el Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional, basada en más de medio millar de testimonios personales de detenidos que habían sufrido torturas. En su detallada exposición, Suju denunció que existencia de todo tipo de vejaciones, bien psicológicas o bien físicas.
Imagen mostrada por Suju durante su comparecencia- CASLA

Entre las primeras, se refirió a las «torturas blancas», llamadas así porque no dejan huellas, que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) «aplica de forma sistemática para quienes forman parte de la disidencia». Y citó una cárcel subterránea que llaman «la tumba», cinco pisos bajo tierra, donde «los torturados, en cuartos de dos metros por uno y sin luz natural ni contacto con el exterior, pierden la noción del tiempo». Para los detenidos en manifestaciones, Suju asegura que el régimen reserva las torturas físicas, que incluyen «verdaderos patrones de conducta, como los golpes en el cráneo, en las costillas y en el rostro». Junto a ellos, se encuentran «las violaciones sexuales, con toda variedad de conductas lascivas y agresiones físicas», que, según denuncia, «se han convertido en un método recurrente».

Julio Henríquez, del Foro Penal venezolano, denunció que el régimen de Maduro «se ha convertido en una fachada, en un simulacro de Estado de Derecho». Después de calificar de «pervertido» el sistema judicial, Henríquez recordó la detención de la juez María Lourdes Afiani como el definitivo punto de inflexión hacia un modelo de Justicia «totalmente sometido al poder ejecutivo». Todavía hoy bajo arresto domiciliario, Afiani fue detenida en 2009, a instancias del ministerio público, después de decretar la puesta en libertad de un procesado a quien el régimen acusaba de conspiración. Después de ser encarcelada sin garantías jurídicas, Afiani sufrió violaciones sistemáticas en prisión. El director del Foro Penal se refirió al sistema represivo como «el otro gran instrumento que demuestra un ataque sistemático desde las más altas instancias del Estado». Henríquez citó a los llamados «planes de defensa de la nación», entre los que incluyó a «civiles armados», responsables de «decenas de asesinados en distintos estados». Y añadió el dato de los 726 civiles que habían sido enjuiciados por la Justicia militar.

Francisco Márquez, director de Visión Democrática y expreso político, ahora exiliado, completó los relatos con el de su propia detención: «Sin abogado, incomunicado, por motivos políticos. Me grabaron vídeos desnudo y me obligaron a presenciar cómo seis personas golpeaban a un detenido contra una reja».

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