Al menos cuarenta venezolanos que ocupan los más altos cargos públicos del país, incluyendo al jefe del Estado, Nicolás Maduro, han sido sancionados por parte de otros gobiernos en los últimos dos años.


Élite del régimen de Maduro es sometida al aislamiento internacional


El presidente, Nicolás Maduro condecoró a varios de los sancionados por el Gobierno de EEUU. Foto: @presidencialven



Al menos cuarenta venezolanos que ocupan los más altos cargos públicos del país, incluyendo al jefe del Estado, Nicolás Maduro, han sido sancionados por parte de otros gobiernos en los últimos dos años, lo que ha dejado a la élite del poder político nacional aislada en la escena internacional.

La Unión Europea (UE) se inscribió este lunes en la línea de acciones restrictivas aplicadas ya por otros gobiernos contra la llamada revolución bolivariana al aprobar sanciones por la “represión” en Venezuela contra siete funcionarios, incluido el “número dos” del chavismo gobernante, Diosdado Cabello.

Esta decisión, que implica la congelación de activos y la prohibición de entrar en 26 naciones de Europa, recayó también sobre el presidente del Supremo, el ministro de Interior, el jefe de Inteligencia, la presidenta del Consejo Electoral, el fiscal general y el excomandante de la Policía militarizada.

Algunos de ellos ya fueron sancionados por Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos denunciaron en primera instancia el “comportamiento antidemocrático” de Maduro, y ahora encabezan una política en los foros internacionales contra la “dictadura” chavista.

Estados Unidos llamó por primera vez públicamente “dictador” a Maduro el 31 de julio pasado, un día después de que la nación caribeña eligiese a los integrantes de la Asamblea Constituyente, un ente conformado solo por chavistas y no reconocido por numerosos gobiernos por no haber contado con un referendo previo como indica la Constitución.

El Departamento del Tesoro estadounidense decretó entonces que los bienes que tuviera Maduro en territorios bajo jurisdicción estadounidense serían congelados, y prohibió a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con el presidente venezolano.

Antes, durante el primer mes de la Administración de Donald Trump, EE.UU. acusó al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, de jugar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, por lo que bloqueó sus activos en el país y prohibió a sus ciudadanos hacer transacciones con él.

Además de la dupla que conforman Maduro y El Aissami, los más poderosos del Ejecutivo, las restricciones económicas y migratorias han recaído sobre “figuras claves” de la revolución, entre ellas varios jerarcas de las instituciones del Estado, gobernadores, diputados, jefes militares, entre otros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá acordó en septiembre castigar a 40 venezolanos -la lista más larga hasta ahora y que incluye a Maduro- por ser responsables “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

Estas sanciones imponen la congelación de activos y la prohibición de que individuos en Canadá y canadienses fuera del país mantengan relaciones económicas con los 40 individuos nombrados por Ottawa.

Canadá incluyó en su listado a dos potentados chavistas que no han sido objeto de sanciones por parte de EE.UU.: la jefa de la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, y el primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, que sí fue incluido en la reciente lista de la UE.

Las cuatro rectoras electorales cercanas al chavismo, la jueza que condenó al opositor Leopoldo López a casi 14 años de prisión, el contralor general, el ministro de Defensa, magistrados del Supremo, miembros de la Constituyente y diplomáticos también tienen prohibido negociar con varios países, principalmente Canadá y Estados Unidos.

Colombia, vecino y socio comercial histórico de Venezuela, ha dicho que bloqueará las cuentas de los señalados por Estados Unidos para apoyar las decisiones de ese país contra funcionarios y exfuncionarios “por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia”.

Aunque el grueso de las sanciones han sido personalizadas, Trump firmó en agosto una orden ejecutiva con la que prohíbe en EE.UU. las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”.

En estas primeras sanciones al sistema financiero venezolano EE.UU. prohíbe las negociaciones de bonos emitidos, antes de la emisión de la orden ejecutiva, por el Gobierno de Venezuela, así como de cualquier subdivisión política, agencia u organismo oficial, o incluso cualquier persona que actúe en su nombre.

Con el poder para maniobrar reducido en lo financiero, Maduro ha achacado a todas estas sanciones la culpa de la escasez en Venezuela de alimentos, medicinas, dinero físico y gasolina; un problema que el país registra desde antes de las restricciones a funcionarios y que se ha agravado en los últimos meses.

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