El presidente de EE.UU. legalizará a los 800.000 inmigrantes que están al borde de la deportación sólo si el Congreso aprueba su construcción

Trump, habla de la reforma migratoria con parlamentarios republicanos y demócratas en la Casa Blanca - Reuters

Ultimátum de Trump para salvar a los «dreamers» a cambio del muro

Más de 800.000 inmigrantes al borde de la deportación, miles de millones de gasto e inversión paralizados y el Gobierno federal a un paso del cierre. Es la situación límite que afrontan la Casa Blanca y el Congreso casi un año después de que el presidente outsider se estrenara en el Despacho Oval.

Existen precedentes del bloqueo que pende sobre millones de nóminas públicas y los servicios de los estadounidenses, a menudo víctimas de la creciente polarización política, pero no de la construcción de un largo muro en la frontera con México como primera fuente de discordia. A diez días de que las arcas nacionales se queden sin fondos, prorrogados provisionalmente hasta el 19 de enero, Donald Trump tensó este martes la cuerda en su empeño de endurecer la política de inmigración: «Pongan el país por delante del partido». El mensaje a una veintena de congresistas sonó al ultimátum del presidente que no va a renunciar al reclamo que le conectó con sus millones de fieles, al símbolo del cierre de fronteras que Trump ha convertido en la naturaleza de ser de su mandato.

Lejos de aclararse, la solución al «tres en raya» planteado por la Casa Blanca se complica más cada día. La alambicada negociación en marcha debe situar tres variables en línea, en apariencia muy lejanas: una cuantiosa partida económica para el muro, que los demócratas rechazan de plano; una solución definitiva consensuada por el Congreso para legalizar la situación de los 800.000 «dreamers»(hijos de indocumentados llegados a Estados Unidos como menores), que Trump sólo ratificará si se da el primer supuesto, y un entendimiento entre republicanos y demócratas para que al menos sesenta de los cien senadores aprueben la ley presupuestaria, el paraguas financiero. Todos vasos comunicantes de una gran probeta a punto de estallar.
Contra las drogas y la delincuencia

El ocupante del Despacho Oval lanzó su último órdago antiinmigración cuando la semana pasada presentó al Congreso sus líneas rojas para que los afectados por el fin del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que él mismo suspendió en septiembre, pudieran quedarse en Estados Unidos. Muchas alusiones a la restricción de visados y de entrada de familiares, pero, en esencia, el muro. Este mismo martes mismo, martilleó el mismo clavo con un discurso tan nítido como amenazante: «La solución a los dreamers debería ser una ley de amor, pero Estados Unidos necesita asegurar sus fronteras para cerrar el acceso al tráfico de drogas y la delincuencia».

Los legisladores han asumido la patata caliente de alcanzar en seis meses un acuerdo, pero es el presidente quien debe avalar con su firma el nuevo estatus legal de los «dreamers», 15.000 de los cuales ya están en situación ilegal. Antes de que en marzo todos los jóvenes inmigrantes queden desprotegidos, republicanos y demócratas deberán consensuar la nueva norma.

Pero las dificultades son máximas. Los demócratas, en su gran mayoría, asumen como prioridad máxima una medida que les congratula con su electorado. Entre los republicanos, en cambio, hay división de opiniones, aunque su dirección siga mostrando mayor comprensión hacia los «dreamers» que el presidente al que sustentan.

Algunos cuestionan el coste añadido de 2.600 millones de dólares que, según la Oficina de Control Presupuestario del Congreso, deberán asumir las arcas federales en los próximos diez años. Claro que la cantidad es menor en comparación con los 18.000 millones que Trump ha reclamado para la construcción de 1.100 kilómetros de muro, en idéntico plazo de tiempo. Un desembolso que muchos republicanos tampoco están dispuestos a asumir, mientras la desbocada deuda pública nacional supera con creces los 20 billones de dólares.

La acumulación de obstáculos convierte la aprobación de la ley presupuestaria en un rompecabezas. El Senado, que debe dar el último visto bueno a la norma, reparte hoy 51 y 49 miembros entre republicanos y demócratas. Pero en este caso no valen lecturas partidistas. Como en todas las votaciones presupuestarias, la mayoría reforzada hace necesario un pacto entre muchos senadores de ambos partidos.

Y no sólo Trump tiene capacidad de presión. Los demócratas, como grupo minoritario, pueden echar mano del llamado filibusterismo parlamentario, un recurso para bloquear a la mayoría republicana que el propio reglamento de la Cámara Alta prevé. Mientras se busca el acuerdo, la cuenta atrás no se detiene.

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