La aprobación de restricciones al petróleo de Venezuela en Estados Unidos, como medida de presión al régimen de Nicolás Maduro, está en su cuenta atrás.


El embargo petrolero a Venezuela, pendiente sólo de la decisión de Trump
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EE.UU. ultima la restricción de la principal fuente de ingresos del régimen de Maduro.
La aprobación de restricciones al petróleo de Venezuela en Estados Unidos, como medida de presión al régimen de Nicolás Maduro, está en su cuenta atrás. La reciente gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, para sondear la opinión de los principales países iberoamericanos, ha servido para poner en suerte una medida largamente sopesada, que adquiere ahora visos de aplicación inminente. Washington ha recibido el apoyo de la mayoría de los países, pero también condicionantes y temores por su impacto dentro y fuera de Venezuela. El presidente Trump tiene sobre su mesa la propuesta para tomar una decisión definitiva, con la que su Administración intentaría obligar a Maduro a dar marcha atrás en su convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril, carentes de las mínimas garantías democráticas.

La posibilidad de decretar un embargo petrolero a Caracas, en concreto a su compañía pública de producción PDVSA, ha aumentado a medida que el régimen exhibía una mayor represión y violación de los derechos humanos. La Administración Trump ha venido barajando la iniciativa los últimos meses, consciente de que sería la medida más efectiva, pero no se ha atrevido aún a aprobarla por el perjuicio económico que supondría para países terceros, incluido Estados Unidos. La propia pérdida de peso de Venezuela como actor entre las principales potencias petrolíferas está desencadenando la decisión final. Su caída al séptimo lugar entre los países que más exportan a territorio estadounidense reduce el impacto en la economía americana. La reducción de producción total de PDVSA, en cumplimiento de los acuerdos de Venezuela en el seno de la OPEP, ha supuesto una bajada a casi a la mitad de la venta a Estados Unidos, que en enero no pasó de 390.000 barriles diarios, la cantidad más baja desde 1991.

A pesar de la buena relación con la mayoría de ellos, en su periplo latinoamericano, algunos países han transmitido a Tillerson inquietudes por las consecuencias de la medida. El mensaje argentino alerta del impacto negativo para los venezolanos, que serían «las mayores víctimas del embargo». El secretario de Estado replicó con el argumento de que «el verdadero perjuicio para el pueblo venezolano, que ya está sufriendo, sería no hacer nada». A los temores se sumaron también los países caribeños, que dependen directamente de la compra de petróleo a Venezuela. Tillerson se comprometió a estudiar medidas complementarias con las que Estados Unidos trataría de compensar a los afectados.

La reacción de Maduro al anuncio del secretario de Estado no difiere mucho de anteriores reacciones a las sanciones que ya están en vigor contra el régimen. Como si nada fuera a pasar: «Encontraremos otros compradores. No vamos a tener problema».

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